Reflexiones desde la epidemia.
Planificación, territorialización y Gobernanza.
Los retos de Planificación de un nuevo gobierno en los tiempos del COVID.
Omar Rancier.
Tradicionalmente en nuestro país se ha realizado una planificación exclusivamente económica de espaldas a lo que realmente pasa en el territorio. A ese abordaje se le ha llamado “planificación economicista”. Esta tendencia no ha necesitado otro instrumentos que los económicos para establecer sus estrategias y por eso no se ha mostrado el debido interés a la planificación del territorio o si se quiere a la territorialización de la planificación es decir que ignora o soslaya los aspectos medioambientales, socio-culturales e incluso institucionales en aras de privilegiar el aspecto económico y , estimo, que ésta debe ser la causa de que aún no se hayan aprobados los proyectos de Ley de Regiones Únicas de Planificación y la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos, ambas propuestas por mandato constitucional y por la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo y ambas desde hace ya bastante tiempo, en una revisión interminable en el Congreso.
La planificación territorial es un instrumento que hace posible organizar las actividades que se realizan sobre el territorio iniciando con un diagnóstico que permita conocer las potencialidades de una localidad, así como sus necesidades y a partir de este conocimiento poder formular políticas públicas que orienten la inversión hacia el desarrollo de las potencialidades de los territorios y a la satisfacción de las necesidades para promover el desarrollo local, convirtiendo a los habitantes del territorio en protagonistas de su propio desarrollo y por tanto en compromisarios de su sostenibilidad. Todo esto enmarcado en una planificación que responda a las diferentes escalas : la nacional, la regional y la municipal.
Cada una de estas escalas tiene su propio instrumento: el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), el Plan Regional y el Plan Municipal, cada uno teniendo como referencia inmediata el plan anterior. Sin embargo, aunque se han estado desarrollando una serie de planes municipales de ordenamiento Territorial (a la fecha se han realizado 5) y se encuentra en proceso, como piloto, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Región Suroeste; el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que ha sido concebido como un documento de política que debe orientar las decisiones de carácter nacional acerca del uso del territorio, compatibilizando las diferentes políticas sectoriales, que debe ser el “plan sombrilla” para los Planes Regionales y Municipales, aún no ha podido ser promulgado, aunque se tiene una propuesta formulada a la que sólo le resta cumplir con las ultimas etapas de revisión, socialización y retroalimentación.
Hasta ahora, se ha puesto la carreta delante de los caballos. Hay que reasumir la revisión y socialización del PNOT para tener un marco de actuación territorial que se valide a través de la gobernanza. Unos de los retos mas difíciles en la planificación es la de que la misma sea asumida por los actores que interactúan en el territorio, a saber; el gobierno central, el gobierno municipal y la ciudadanía.
Rafael Emilio Yunén, durante el webinar “Planificación Urbana y Gobernanza” que organizara recientemente la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT), define la gobernanza como : “…proclive a la participación social de todos los actores para conseguir debates y consensos en diversas escalas de acción donde predomina la transparencia y rendición de cuentas.” Y plantea, además que “Un modelo de gestión con gobernanza de una ciudad va generalmente asociado con herramientas participativas de planificación y ordenamiento de los territorios urbanos teniendo como referencia la dinámica socioterritorial y la estructura de poder que condiciona dichos territorios.”
Para esto se necesitan dos cosas: un marco legal definido y unos instrumentos socializados y asumido por los diferentes actores.
El marco legal, está propuesto y en manos de los legisladores, y su aprobación es un mandato constitucional y una meta estratégica, es cuestión de voluntad política y podría ser un buen inicio para que una nueva administración envíe el mensaje de que, ciertamente, está asumiendo estos instrumentos para canalizar la inversión pública hacia los territorios más necesitados y hacia aquellos con mayor potencialidad, incluyendo actores empoderados y comprometidos con el desarrollo.
La socialización de los instrumentos también está propuesta e incluso se han realizado guías metodológicas para la formulación de planes municipales y regionales de ordenamiento territorial, es cuestión de retomar estas iniciativas teniendo en cuenta que la responsabilidad del Plan Nacional y de los Planes Regionales es del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, del Viceministerio de Planificación y que los Planes Municipales son responsabilidad de los gobiernos locales con el apoyo técnico, validación y certificación de la DGODT. Estaría faltando el empoderamiento de los actores, principalmente los actores políticos y administrativos.
La Constitución del 2010 en su artículo 194 manda a realizar “plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la Nación, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático.” Y en el 196 establece que la región es la unidad básica para la formulación de las políticas públicas. Por su lado ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba, en el 2012, a formular el marco jurídico para determinar las Regiones Únicas de Planificación en un plazo no mayor de 2 años. Dicho de otra forma, tenemos 6 años de atraso para la ley de regiones únicas y 10 años para la Ley de Ordenamiento Territorial.
En estos tiempos de pandemia, es necesario reforzar y consolidar los instrumentos y las estrategias de planificación territorial
Creo que es un buen momento para retomar unos instrumentos que se necesitan, que están formulados y que sólo requieren de la voluntad política para ponerlos en marcha, de cambiar la manera en que planificamos el desarrollo.
